Garrote Vil

Lucía Bort Lorenzo (España)

El garrote vil fue introducido en España como único método de ejecución legal por el rey Fernando VII, en 1820 como regalo de cumpleaños "a mi muy amada esposa la Reina", en sustitución de la horca.
En los s. XV y XVI existía un garrote en su forma primitiva que debió consistir en un palo derecho con un agujero en la punta, a través del cual se hacía pasar una doble cuerda que formaba un nudo corredizo en torno al cuello del reo, que moría asfixiado, estrangulado. Al lado de esta pena coexistían la horca, la hoguera y el arcabuceo.
Su origen, tiempo atrás, era una cuerda que se "agarrotaba" (se apretaba mediante un palo), y que provocaba la muerte por ahogamiento. Con el paso de los años se fue perfeccionando y acabó siendo un aparato metálico que, aguantando el cuello por delante con un collarín, producía la muerte por el hundimiento de las vértebras cervicales.
Utilizada fundamentalmente en España, esta forma de pena de muerte también se usó en diversos países de Latinoamérica.
Se introdujo  oficialmente en el Código Penal de 1822.

El diseño del garrote moderno, utilizado durante el siglo XX, pretendía que la muerte de los condenados a dicha pena fuera inmediata, sin sufrimientos, ya que si se accionaba el instrumento con celeridad el hundimiento de las vértebras cervicales era prácticamente instantáneo (a causa de una pieza incorporada al aparato con esta finalidad). Se moría por dicho motivo y no por ahogamiento. No obstante, el garrote no siempre ha sido utilizado con el objetivo de producir la muerte lo más rápidamente posible; en ocasiones se ha convertido en un perverso instrumento de tortura, tal como se refleja en el siguiente testimonio (relativo a la represión llevada a cabo por los militares sublevados durante la Guerra Civil española):
"Mi causa pertenecía a los Juzgados Militares de Bilbao, por lo que estaba deseando que me trasladaran allí, cuanto antes, para no tener que presenciar las injusticias y horrores que cometían con los condenados a muerte. Pero lamentablemente todavía tendría que ver mucho más, como, por ejemplo, el tormento a que sometían a los condenados a garrote vil. A estos les ajusticiaban dentro del recinto de la prisión, entre el muro exterior que la circunda y el que cierra el patio de talleres. Desde este patio, al que diariamente nos sacaban a pasear, podíamos oír los lamentos y gemidos de los condenados. A los que se negaban a confesar se les infringía doble suplicio. (...) Hubo presos a los que condenaron hasta a cuarenta y cinco minutos de sufrimiento. Cuando el verdugo apretaba el dogal, o collarín, sobre el cuello del reo y este perdía el conocimiento, el Juez allí presente ordenaba aflojarlo, y una vez el desgraciado se reanimaba volvía a ordenar apretarlo de nuevo, y así hasta terminar con su vida.
Mientras ocurría eso, a los que estaban esperando sufrir la misma suerte les tenían allí presentes, atados de pies y manos, viendo impotentes el martirio que a ellos les esperaba."
Aunque teóricamente la muerte se producía de forma instantánea, lo cierto es que en la mayoría de los casos provocaba lesiones laríngeas y la víctima moría por estrangulamiento. La fuerza física del verdugo, que giraba el tornillo y aplastaba el cuello hacia delante de forma progresiva, hasta dislocarlo, resultaba un factor determinante.
El Código Penal español de 1848 establece en su artículo 89 que "la pena de muerte se ejecutará en garrote sobre un tablado", eliminando las anteriores distinciones y excluyendo cualquier otro método de ejecución. Así murieron el 2 de marzo de 1974 los dos últimos agarrotados en España: Salvador Puig Antich y Heinz Chez, en cumplimiento de las sentencias dictadas por sendos Consejos de guerra celebrados en Barcelona y Tarragona respectivamente. Salvador Puig Antich, militante anarquista del MIL y Heinz Chez, apátrida polaco, vagabundo, delincuente común acusado de la muerte de un guardia civil.
La pena de muerte fue abolida en el Código Penal republicano de 1932. Se restableció el 11 de octubre de 1934 para delitos graves contra el orden público y el Decreto-ley de 5 de julio de 1938 la introdujo de nuevo en la legislación penal común española. En los años 1928, 1929 y 1930 no hubo ninguna condena a muerte y hasta 1935 no se volvió a castigar el delito de asesinato con la pena de muerte.
Las últimas penas de muerte en España, por motivos políticos, fueron el 27 de septiembre de 1975, languideciente ya la dictadura. Juan Paredes Manot, Txiqui y Angel Otaegui, miembros de ETA y José Luis Sánchez Bravo, Xosé Humberto Baena Alonso y Ramón García Sanz, militantes del FRAP, fueron fusilados por la dictadura. 11 militantes antifranquistas más fueron indultados. Las cárceles todavía estaban llenas de presos políticos. Un amplio movimiento popular nacional e internacional luchaba por la amnistía y el fin de la dictadura fascista en España.
La Constitución de 1978 abolió la pena de muerte, manteniéndose en el Código de Justicia Militar para tiempos de guerra. En 1983 España ratificó el II Protocolo de las Naciones Unidas y el VI Protocolo europeo.
·         Bibliografía
Manuel Díaz, Antonio Brevers. La Brigada Machado, memorias de un guerrillero antifranquista. Cloux Editores, Santander, 2010.
La torna de la torna de Carlota Tolosa, Empúries 1965 y 1999 y Compte enrere de Francesc Escribano, Edicions 62, 2001
Mª Dolores Serrano Tárraga en su libro “La pena capital en el sistema español” (Madrid : UNED, 1992)

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