Drogas y Política Criminal


Por Lucía Bort Lorenzo

El consumo de drogas presenta diversos conflictos difíciles de resolver.

El primer conflicto que se presenta con este tema, es la relación Estado-individuo. Por una parte, el consumidor ejerce su derecho a la libertad individual al consumir estas sustancias, aunque esto afecte a su salud, pero él es el responsable de ésta. Por lo tanto, si el Estado se opusiese a esto e interpusiera alguna pena a estas personas, estaría vulnerando el derecho al libre desarrollo de la personalidad de este grupo. Pero por otro lado, esta acción del individuo está perjudicando a la salud pública, bien jurídico que el Estado ha de proteger. Y aquí está el problema.

El segundo conflicto se presenta cuando a nivel punitivo, se realiza una diferenciación entre el tratamiento de drogas legales como el café, alcohol y tabaco por una parte; y drogas ilegales como el hachís y la marihuana, por otra.
Por tanto el conflicto estaría en por qué unas drogas son legales, y otras no, es decir, por qué hay una discriminación punitiva.

Si el bien jurídico que se protege es la salud pública (art. 368 CP), el Estado debería incidir de la misma manera en todas las sustancias que vulneran este bien jurídico, y en este caso, el café, el alcohol y el tabaco lo hacen. Pero el Estado aquí no incide.

Este asunto se podría justificar, en la medida que estas drogas legales, tienen un arraigo cultural bastante fuerte (por ejemplo, la conducta típica de ir de “tapeo”, hecho que conlleva el consumo de alcohol, el café después de comer, ir a cenar a un restaurante y que te inviten a un “chupito” después …etc.).

Por esta razón, aunque el consumo de estas sustancias vaya en contra de la salud pública, causaría más problemas de tipo social el hecho de ilegalizarlas, que dejar el asunto como está. Un ejemplo de esto sería la reacción de la sociedad española cuando se implantó con la ley que prohibía que se fumase en los establecimientos públicos.

Como menciona el profesor Emiliano Borja en su Compendio de Política Criminal, “no toda conducta lesiva para bienes jurídicos relevantes para la convivencia humana puede venir sancionada con una consecuencia penal”.

Por tanto, la existencia de una impunidad para determinadas conductas en relación con las drogas legales tiene su justificación en una imposibilidad de sanción penal.

Otro punto que es importante es el trato que se le da al principio de proporcionalidad en este tema.

Para este tipo de delitos se imponen penas muy desproporcionadas, en comparación con otro tipo de delitos, en atención al bien jurídico que se protege, la salud pública. Esto tiene una explicación, y es que esta alta penalidad no viene sólo a causa de la protección de la salud pública, si no porque también se atacan otros bienes jurídicos que quedarían fuera del hecho punible enjuiciado, como la seguridad ciudadana, el orden público…etc.

1 comentario:

Vanush dijo...

Buenos días Lucia!! Muy buen artículo, recuerdo cuando estudiamos esto en clase. Todo un debate en cuanto la legalización de drogas blandas como la marihuana en contraposición de las ya legalizadas drogas como el alcohol, que son igual de perjudiciales. En mi opinión, existe un gran injusto en la penalidad de las drogas en cuanto al elevado años de cárcel que tiene el tráfico de drogas. Creo que debería llevarse a cabo una mayor política criminal de protección y concienciación a la ciudadania. Un saludo!

También te puede interesar