LA SEGURIDAD PRIVADA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO

Por el Lic. Mario Murrieta

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en su Artículo 21 establece que:…“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”.

Ante la imposibilidad del estado de ofrecer una seguridad individualizada a los habitantes de la república y por las condiciones de inseguridad que actualmente vive el país, la misma constitución rompe con su monopolio de seguridad para permitir que los particulares busquen su propia seguridad como una alternativa al problema.

El aumento de la delincuencia en nuestro país ha permitido la proliferación de los servicios de seguridad privada como una estrategia de prevención de la criminalidad, aunque este carácter no este reconocido por la ley.

El Artículo 2 de la LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, establece que para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I.                        Seguridad Privada.- Actividad a cargo de los particulares, autorizada por el órgano competente, con el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la función de Seguridad Pública.

Desde un punto de vista normativo, el ordenamiento jurídico no configura a la seguridad privada como medio de prevención del delito que ha de contribuir al mantenimiento de la seguridad pública. Ahora bien, ¿contribuye, de hecho, la seguridad privada a la protección de la seguridad pública y los intereses generales? ¿Consta empíricamente su eficacia preventiva? ¿Existe una positiva colaboración de la seguridad privada y la pública en aras de la prevención del crimen?

El problema debe abordarse con mucho cuidado ya que no existen investigaciones empíricas concluyentes, y tan aventurado es afirmar como negar dicho impacto preventivo, admitiendo que la eficacia de la seguridad privada fluye y se impone al plano de cliente-negocio.

La seguridad privada no persigue, desde luego, objetivos de justicia, ni la protección de intereses generales sino más bien el cuidado y protección de los intereses particulares de quien la contrata, queda por demás claro que quien contrata y utiliza los servicios privados de seguridad es porque desconfían de la eficacia de los servicios públicos, de la lentitud y escaso rendimiento de éstos. Pretende pues, la pronta y efectiva protección de su patrimonio por medio del pago de un precio compensado.

No hay datos fiables en México sobre la incidencia de la seguridad privada en la prevención de la criminalidad. Tampoco sobre la deseable colaboración de la seguridad privada con las instancias de la seguridad pública, colaboración requerida legalmente toda vez que la seguridad privada participa en las tareas y cometidos del control social formal.


Lo cierto es que la seguridad privada se rige por unos principios propios y actúa con arreglo a los mismos. Quizás solo cabe por tanto aspirar a que procure una prevención intensa a quien la contrata y menos difusa respecto a los demás ciudadanos. O dicho de otro modo menos exigente: de la seguridad de los que pueden pagar no afecte negativamente la seguridad de los que no pueden pagar.

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