OBEDIENCIA DEBIDA


Por Fernando Alser Qualytel.

La obediencia debida, también llamada obediencia jerárquica o cumplimiento de mandatos antijurídicos) en Derecho Penal, es una situación que exime de responsabilidad penal por delitos cometidos en el cumplimiento de una orden impartida por un superior jerárquico; el subordinado, autor material de los hechos, se beneficia de esta eximente, dejando subsistente la sanción penal de su superior.

Para referirse a esta eximente, la mayor parte de la doctrina penal utiliza la expresión de obediencia debida; no obstante, varios autores han criticado esta denominación, argumentando que ella implicaría  que el ordenamiento jurídico puede establecer un “deber de acatamiento absoluto”, aún en caso de órdenes que suponen la realización de hechos delictivos.

De acuerdo a los mismos, esta situación resultaría ilógica y contradictoria, pues es un principio universalmente aceptado del Derecho que lo que está ordenado no puede estar al mismo tiempo prohibido y viceversa. En este sentido, algunos autores prefieren hablar de una eximente como cumplimiento de mandatos antijurídicos. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la obediencia debida se reconoció como eximente sin mayores reparos.

De hecho, se aplicó durante el juicio de crímenes producidos durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, al constituir el tribunal Militar Internacional que juzgaría a los líderes nazis, los aliados se percataron del riesgo que estos crímenes de lesa humanidad quedaran en la impunidad. En el Estatuto del Tribunal Militar internacional, que creó el Tribunal de Nuremberg, se estableció que: “El hecho que el acusado haya obrado según instrucciones de su gobierno o de un superior jerárquico no le eximirá de responsabilidad, pero podrá ser determinante de disminución de la pena si el Tribunal lo estima justo”.

A partir de ese importante precedente, en el Derecho Internacional no se reconoce la obediencia debida como eximente de responsabilidad penal. Un ejemplo, la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de la ONU, en su artículo 2.3 dice: “No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura”.


También en la convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, el artículo 4 dice: “El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no exime de la responsabilidad penal correspondiente”.

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