¿ES EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA INYECCIÓN LETAL?



Por VERONICA CALVO UZCUDUN. LIC. EN DERECHO Y LIC. EN CRIMINOLOGIA

En mayo de 1977 un forense de Oklahoma, Jay Chapman creó el sistema conocido como inyección letal. El protocolo Chapman se refería a una ejecución consistente en administrar por vía intravenosa tiopental sódico, con efecto sedante, bromuro de pancuronio, un relajante muscular que colapsa el diafragma y los pulmones, y cloruro de potasio, que detiene el corazón. La duración media del procedimiento desde la inyección hasta la muerte del recluso es de unos 7 minutos. Se aprobó primero en Oklahoma y Texas, en 1977. El primer ejecutado por procedimiento fue Charles Brooks, en Texas en 1982.
            Es el método más empleado para la pena capital en Estados Unidos (aunque conservan métodos alternativos). Según estadísticas del Departamento de Justicia de EE UU, de las 1.348 personas ejecutadas desde 1976 hasta el 1 de enero de 2014, la administración intravenosa se dio en un 87% de los casos.
En 1890, los jueces norteamericanos expusieron que el proceso de ejecución no podía incluir “tortura o una muerte prolongada”. En 2008, la Corte Suprema rechazó una impugnación a la ejecución por inyección letal alegando que el procedimiento no representaba un “riesgo significativo de provocar un daño grave“. Sus principales defensores alegan que la muerte del reo es indolora..discrepo, en base a la práctica y a múltiples estudios, siendo uno de los más paradigmáticos el de la Universidad de Miami.
Existe una enorme contradicción en el afán de conseguir “ejecuciones humanas” que sólo acentúa lo absurdo de la propia existencia de la pena de muerte a manos del Estado en sociedades civilizadas. Y por ello, muchos países comenzaron a no distribuir a los países con este tipo de ejecución los fármacos necesarios para llevarla a cabo.
En 2009, Hospira, Inc, el único productor estadounidense de tiopental de sodio, intentó mover su producción a Italia pero el gobierno italiano, que prohíbe la pena de muerte, exigió garantías de que ninguna de las sustancias vendidas por la compañía sería utilizada para ejecuciones. Las farmacéuticas comenzaron a negarse a proveer de aquella sustancia a las prisiones. Algunos estados ya había reemplazado el  tiopental sodico por el barbitúrico pentobarbital, pero Dinamarca, la única productora de la sustancia, se había negado a venderla si se utilizaba para ejecuciones. Lo mismo ocurrió cuando trataron de utilizar propofol.
La Unión Europea restringió la exportación de medicamentos empleados para fines no terapéuticos a partir del 21 de diciembre de 2011 y los problemas para continuar con las ejecuciones se agravaron.
En abril de este año, el interno Clayton Lockett agonizó durante 43 minutos  entre convulsiones, jadeos y dolores y se levantó una grandísima polémica al respecto del sistema de inyección letal de EEUU. Hace cuatro días, el 24 de julio Joseph Wood, un reo en el estado de Arizona, falleció casi dos horas después de recibir la inyección letal. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte tiene constancia de 45 ejecuciones desde 1982, que no se llevaron a cabo correctamente y por las que los ejecutados tuvieron una muerte cruel y una agonía inhumana y por tanto quebrantan la Octava y Decimocuarta enmienda de la Constitución de EEUU que prohíben el maltrato de los presos.
Aunque pueda resultar absolutamente chocante en 2014, en mayo Tennessee aprobó una ley que restaura el uso de la silla eléctrica como método de ejecución. Otros estados cuentan con la posibilidad de la silla eléctrica, como una opción que le ofrecen al condenado, dándole a escoger entre la inyección letal y la silla eléctrica (que detalle).
En febrero, el Senado del estado de Virginia propuso el uso obligatorio de la silla eléctrica como método de ejecución de la pena de muerte en caso de que no queden dosis de inyecciones letales. Estados como Misouri han propuesto la ejecución por pelotón de fusilamiento, como un método “más humano y económico” (que esperemos, se quede en proposición) . Mientras, la mayoría de los estados se han lanzado a una frenética búsqueda de los productos necesarios para elaborar sus inyecciones.
La pena de muerte es legal en 32 de los Estados Unidos, usada regularmente en 12 y está siendo reconsiderada en otros 11, dada las dificultades para obtener los fármacos necesarios, los altos costes que le genera al Estado y la inefectividad a la hora de prevenir el crimen. Según Amnistía Internacional, EEUU gasta más de 100 millones de dólares al año buscando la ejecución de unos cuantos de convictos. ¿Qué pasaría si todo ese dinero fuera invertido en prevención de la delincuencia, reinserción y mejores opciones para evitar que los niños y jóvenes caigan en la pobreza y el crimen?, se pregunta el organismo..yo también me lo pregunto.
Además de en los Estados Unidos, existe también como método de ejecución principalmente en China, Guatemala, Filipinas ,Taiwan y Tailandia, a pesar de que dos terceras partes de los países del mundo han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. 

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