¿Sabes que son los whistleblowers?



Por Wakinaki PL Cádiz

En el Derecho de los Estados Unidos y otros países anglosajones se advierte desde hace unas décadas la tendencia a fomentar la conducta de aquellos sujetos, denominados whistleblowers, dispuestos a revelar la comisión de actuaciones ilícitas en el seno de la empresa para la que trabajan. Aunque en la política criminal española y de otros muchos países todavía no se ha planteado seriamente la conveniencia de incentivar estas revelaciones como un medio de prevención o descubrimiento de delitos, algunos textos internacionales apuntan ya en esa dirección.

Pero, ¿cuáles son las motivaciones que hay detrás de los whistleblowers?; ¿cómo responden las empresas e instituciones a este fenómeno?; ¿puede la ley proteger adecuadamente a aquellos trabajadores que se deciden a denunciar?; ¿qué efectos tendrá este tipo de legislaciones en los sistemas de whistleblowing, en las prácticas habituales y en la cultura de las relaciones laborales y de la sociedad en general?

La trascendencia social y mediática del caso Enron (hace ya unos años) una de las compañías más importantes de Estados Unidos –concretamente la séptima empresa más importante del país– con alrededor de 80.000 empleados y una capitalización bursátil de 68.000 millones de dólares, supuso, sin lugar a dudas, un punto de inflexión y puso de manifiesto la importancia de las denuncias internas de los propios trabajadores como mecanismo para sacar a la luz irregularidades y fraudes en el interior de la empresa. Sin embargo, cuando en agosto del 2001 un directivo envió un informe interno al presidente advirtiéndole que se estaban produciendo irregularidades contables a gran escala en la empresa, desconocía por desgracia que el presidente de la compañía también estaba implicado.


En Estados Unidos, el 77% de las empresas tienen sistemas internos para recibir y gestionar soplos anónimos, frente a sólo el 34% en Europa central y del este y el 32% en Europa occidental. En ese país, a raíz de experiencias como la del caso Enron, se impuso la obligación a las empresas cotizadas de poner en marcha un sistema de recepción de denuncias procedentes de los propios trabajadores.

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