PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA LEY FEDERAL DE TRÁNSITO O MOVILIDAD EN MÉXICO


Por el Lic. Mario Murrieta

Los accidentes de tránsito y los traumatismos causados por ellos son la principal causa de muerte entre los jóvenes, estos representan  el 40 % del total de muertes en niños de uno a 14 años de edad. Son la segunda causa de discapacidad motora permanente. Representan la segunda causa de orfandad en el país. Son responsables de la muerte de más de 17 mil mexicanos cada año, originan más de 350 mil lesiones graves que requieren hospitalización, y más de un millón de lesiones que requieren atención médica. Hay alrededor de 860 mil mexicanos viviendo con una discapacidad motora a causa de un Accidente vial. 60% de los accidentes vehiculares fatales están relacionados con el consumo de alcohol, 28% con el exceso de velocidad y 12% con otras causas como el uso del celular. El costo económico de las lesiones y muertes ocasionadas por accidentes de tránsito en México ascienden a más de 10 billones de dólares al año, es decir, alrededor del 1.7% del PIB. 7% atención hospitalaria (costo para el sistema público de salud) 44% daños materiales y el 49% pérdida de productividad; este  tipo de accidentes pueden y deben evitarse con una política pública de prevención y con una legislación adecuada a la misma, esta debe adoptar medidas integrales en las que conjuntamente y de manera coordinada participen la ciudadana y los sectores públicos (transportes, policía, salud, educación, etc.) para velar por la seguridad de las calles y los caminos, los vehículos y los propios usuarios de la vía pública.

Entre estas intervenciones eficaces cabe mencionar el diseño de una infraestructura más segura, la planificación del transporte; el mejoramiento de los elementos de seguridad de los vehículos; y la atención mejorada de las víctimas inmediatamente después de los accidentes de tránsito; Nuevas disposiciones de tránsito, así como una mejor  y mayor vigilancia policiaca.

En  México cada entidad federativa y en la gran mayoría de sus municipios que los conforman cuentan con su propio reglamento de tránsito o de movilidad, lo que se traduce en una serie de inconsistencias en el ámbito de la seguridad vial, ya que lo que en algunos estados y municipios está permitido, en otros está prohibido (en gran parte de los reglamentos de transito no se contempla las especificaciones relativas al tamaño de las señales de tránsito contenidas en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2003, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS, la cual es de observancia obligatoria en las carreteras y vialidades urbanas de jurisdicción federal, estatal y municipal del país),en algunos casos ni siquiera se toman en cuenta conductas antisociales que pueden, en su momento, causar un accidente de tránsito, y lo que es peor que dicha disparidad de leyes de movilidad y reglamentos de tránsito en el país también  propician acciones permanentes de corrupción de la policía de tránsito.

Ante esto, es imperante que en México se impulse la creación de una Ley Federal de Tránsito o de Movilidad, la cual homologaría los reglamentos de tránsito de las entidades federativas y de sus municipios. La intervención del gobierno federal  en materia de seguridad vial permitiría que el problema de transito deje de ser un problema exclusivo de salud pública para convertirse también en un problema de seguridad pública, lo que mejoraría la actual situación de seguridad vial al convertirla en un control social formal y reduciría el número de lesionados y muertos por accidentes vehiculares y aumentaría la atención a las víctimas directas e indirectas.

Esta ley permitiría la creación de una Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, que sería la encargada de estudiar este problema desde el punto de vista de la criminología vial, realizando estudios para la prevención de los delitos contra la seguridad vial, las conductas antisociales en el manejo de vehículos, la atención a las víctimas, así como un llevar un estricto control estadístico para determinar y, en su caso corregir los puntos en donde ocurren la mayoría de los accidentes viales,  tendría  a su cargo las actividades de fomento y apoyo a la seguridad vial y peatonal, además de establecer políticas de movilidad o transporte sostenible para facilitar el acceso de los ciudadanos al trabajo, al estudio, a los servicios, inclusive, a los lugares de esparcimiento, mediante diversos modos de transporte más seguros y eficientes, ya sea a pie, en bicicleta, en vehículos ecológicos y en transporte público, etc., además ayudaría a concentrar esfuerzos y a fomentar la coordinación de las acciones entre las dependencias interesadas en el tema, lo cual no sucede en la actualidad, ya que cada entidad de la República, como ya se mencionó, tiene sus propias disposiciones.


Estamos convencidos que esta solución a bajo costo sería de grandes beneficios para el país y resolvería un grave problema social, garantizando la seguridad vial.

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