LA ESTAFA DE INVERSORES Y DE CRÉDITO



Por Fernando Alser Qualytel

Fiel a los reflejos que caracterizan al legislador, en la observación y rápida respuesta a las necesidades de la sociedad  en materia legal, la reforma  del código penal español de 2010, introduce un nuevo tipo que pretende atajar la conducta falsaria  que puedan tener ciertas empresas, en relación a la información que difunden. Una falsedad que puede  realizarse a través de informes favorables que resultan falsos o incorrectos, al silenciar hechos desfavorables en folletos y resúmenes o en la publicidad de  sus páginas web. Esta conducta también es conocida en otras legislaciones como estafa de inversión de capital o estafa de crédito.

Artículo 282 bis. “Los que, como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores, falsearan la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores sobre sus recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con el propósito de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero, u obtener financiación por cualquier medio, serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 308 de este Código.En el supuesto de que se llegue a obtener la inversión, el depósito, la colocación del activo o la financiación, con perjuicio para el inversor, depositante, adquiriente de los activos financieros o acreedor, se impondrá la pena en la mitad superior. Si el perjuicio causado fuera de notoria gravedad, la pena a imponer será de uno a seis años de prisión y multa de seis a doce meses”.

La estafa se comete con ánimo de lucro y utilizando el engaño suficiente para producir error en el otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio de sí mismo o un tercero. Donde “el otro” puede identificarse con cualquier ciudadano que acceda a los servicios de empresas o  sistema financiero para depositar su confianza. Cabe un trabajador,  un estudiante o un pensionista. Personas que confían en la moral  y buena praxis de empresarios o  agentes financieros que puedan gestionar sus nóminas, becas y ahorros. Deben concurrir todos y cada uno de los siguientes elementos para hablar de ilícito penal: La existencia de una conducta engañosa previa, el engaño bastante y suficiente, que pueda provocar error en la persona, induciéndole  a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio de si misma o tercero.Llevado todo a cabo por el autor del engaño, con el fin de obtener una ventaja económica o lucro a costa del sujeto engañado. Con la falta de conexión de estos elementos hablamos de un ilícito civil patrimonial y no de una estafa.




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