Aforamiento, ¿privilegios para sólo unos pocos? (I) y (II)


Aforamiento, ¿privilegios para sólo unos pocos? (I)
Ana Quevedo
Periodista. Licenciada en Criminología y profesora de Lengua/Literatura e Historia de las Civilizaciones
Los criminólogos NO son Policías. Tampoco son abogados. Ni sociólogos, ni psicólogos. Una de sus principales funciones es la reeducación, reinserción y prevención de los delitos o como defiende una de las figuras de la Criminología en España, Vicente Garrido, “la Criminología, como ciencia que se orienta al estudio y prevención de la delincuencia, está abierta a diversas metodologías y disciplinas”. Los criminólogos tienen conocimientos, sobre todo, de Psicología; pero también de Sociología y de Derecho. Y en esta última materia quiero centrar el post de esta semana y es que muchos me han preguntado en los últimos días ¿qué es eso de los aforamientos? tras anunciarse, por parte del ministro de Justicia, que la Reina doña Sofía y los príncipes de Asturias serán aforados del Tribunal Supremo (en concreto por la Sala Segunda).
En España, un aforado es una persona que por su cargo público goza de un derecho judicial: si es imputado por un delito será juzgado por un tribunal distinto al que le corresponde al ciudadano normal, es decir no será juzgado ni investigado por un juzgado ordinario. Y ¿por qué? Se supone, aunque hay diferentes versiones, que un órgano superior es más independiente ante presiones, por ejemplo políticas, cuando se juzga a un cargo público. La Asociación de Jueces por la Democracia señala que los Altos Tribunales (como es el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia) son los órganos más “politizados”, ya que sus miembros son nombrados por los propios políticos.
¿Es la figura del aforado común en todo los países?[1] No. Por ejemplo, en EEUU no existe esta condición y en Europa, como en Alemania o el Reino Unido tampoco se contempla. Países del Sur de Europa, como Italia o Portugal solo reflejan esta figura para el Presidente de la República. En el caso de Francia, son aforados: el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros. La condición del aforado en España está recogida en LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial), así como los Estatutos de Autonomía y las leyes de Seguridad. El aforamiento (o fuero) se originó como una garantía de protección durante la Transición española[2] y se caracterizaba por la inmunidad e inviolabilidad a la hora de ser detenidos e investigados los políticos, por lo que un sector de la judicatura considera que más de tres décadas después es una figura anacrónica en un Estado de Derecho.
No sólo es el tribunal enjuiciador la diferencia de los aforados con el resto de ciudadanos ‘de a pie’ que no ostentan ningún cargo, otra de las ¿ventajas? es que pueden responder las preguntas del juez por escrito. La LECrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal) permite a los aforados no tener que acudir al llamamiento del juez, poder contestar por escrito, hacerlo en su domicilio o en el despacho oficial. Por ejemplo, cualquier miembro de la Familia Real está exento de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar. La infanta doña Cristina, imputada por delito fiscal (entre otros), sí que prestó declaración ante el juez Castro (quien investiga el conocido caso Noos, proceso que implica a su marido en una trama de supuesto tratos de favor por parte de las administraciones públicas, así como presuntos desvío de dinero -entre 9 y 12 millones de euros- hacia empresas privadas). Sin embargo, otros políticos imputados se han acogido a su derecho y evitar el ‘paseíllo’ a los juzgados donde las cámaras captan su entrada a los juzgados.
No existen datos exactos, pero se estima que en España hay unas 10.000 personas aforadas de las que unas 2.000 serían políticos. El dato se eleva hasta la escalofriante cifra de 250.000 aforados si se incluyen a las Fuerzas de Seguridad (agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Autonómicas).

 Foto: viñeta Raúl Salazar / www.unrespetoalascanas.com


[1] Datos de la obra Tratado Jurisprudencial de Aforamientos Procesales. Autores: Juan Luis Gómez Colomer e Iñaki Esparza Leibar
[2] Transición española, período histórico en el que España dejó el régimen dictatorial franquista y pasó a regirse por la Constitución española (CE)


Aforamiento, ¿privilegios para sólo unos pocos? (II)

Ana Quevedo
Periodista. Licenciada en Criminología y profesora de Lengua/Literatura e Historia de las Civilizaciones
El debate social que se ha suscitado entre los españoles desde que el ministro Gallardón anunciase la medida[1] (La reina y los príncipes de Asturias pasan a ser aforados del Supremo) consiste en si es o no un privilegio para solo algunos. Se supone que la figura del aforado persigue la independencia pero ¿no es la Justicia independiente que tiene que existir una figura que persigue la independencia judicial?
¿Quiénes son aforados en España? Algunos ejemplos de cargos políticos, judicial o de FFSS
Ámbito político: El presidente del Gobierno y los ministros (si tienen que ser juzgados, será por el Tribunal Supremo); los presidentes autonómicos y los consejeros de los ejecutivos de la Comunidades Autónomas (en el caso de ser juzgados, como ya ha ocurrido, lo harán en los Tribunales Superiores de Justicia de sus comunidades autónomas o en el Supremo, según los Estatutos de Autonomía); los presidentes de ambas Cámaras (el Congreso de los Diputados y el Senado), así como el resto de diputados y senadores. El presidente y los consejeros del Tribunal de Cuentas, el presidente y consejeros del Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo. También el Defensor del Pueblo y sus dos adjuntos.
Ámbito judicial. No sólo son aforados los miembros de la política (a excepción de los cargos municipales, como alcaldes o concejales que no lo son), también en el ámbito judicial (sobre todo los altos cargos): el presidente y vocales del Consejo General del Poder Judicial CGPJ), del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional (en caso de cometer delito, serán juzgados por Sala de lo Penal del Tribunal Supremo); todos los jueces, magistrados y fiscales (sus procesos penales corresponden a los Tribunales Superiores de Justicia). Por ejemplo, el juez Garzón fue juzgado por el Tribunal Supremo de España. Garzón fue el impulsor del caso Gürtel (el mayor caso de corrupción vinculada a un partido político de la democracia) pero también su propia y primera víctima del caso. Aforado al Supremo, le abrieron hasta tres causas casi simultáneas y le condenaron por autorizar escuchas a imputados de la Gürtel en prisión. Declaró que su posición de aforado le perjudicó ya que no pudo recurrir su condena de 11 años de inhabilitación. Al contrario que en el caso de los políticos, los jueces y fiscales son aforados solo en las acciones que hubiesen cometido durante el ejercicio de sus cargos. En cambio, los políticos ante cualquier acusación. Si un diputado es acusado de un delito de Seguridad Vial, un juzgado ordinario no podrá juzgarlo.
Ámbito policial. Respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, también tienen excepciones y serán las Audiencias Provinciales las encargadas de juzgarlos en caso de cometer un delito.
Estén a favor o no de este ¿privilegio? ¿condición? ¿garantía? Lo que si que es cierto es que el Principio de Igualdad desaparece ante un mismo delito cometido. El artículo 14 de la Constitución Española (reforzado por numerosos preceptos del Código Penal) señala que “los españoles son iguales ante la ley". Frente al legislador, el principio de igualdad representa una prohibición de diferencias de trato injustificado o discriminatorio; mientras que frente a los Tribunales no representa la exigencia de que supuestos idénticos sean tratados siempre del mismo modo, sino sólo la obligación de que las diferencias se justifiquen argumentalmente, pues puede suceder de que varíe de una vez a otra el criterio valorativo con el que se resuelven los problemas. [2]
Es cierto que los aforados del Supremo carecen del derecho a una segunda instancia, es decir, a que la resolución final del caso sea revisada por otro órgano (tal y como le ocurrió al juez Baltasar Garzón), pero si puede ser remitida al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH o también conocido como Tribunal de Estrasburgo y Corte Europea de Derechos Humanos). Algunos expertos en Derecho señalan que la labor del Supremo no es instruir ni enjuiciar casos, sino que está centrada en la resolución de recursos.
Y en el caso del Rey de España ¿Qué órgano lo juzga en el caso de que existiera un delito que le implicase? La Constitución Española, en su Título II referente a la Corona (artículo 56.3) señala que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidades”. En el caso de que se trate de delitos muy graves, el artículo 64 de la CE lo resuelve “los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso los ministros competentes”.
La pregunta que está en la calle es ¿Somos todos iguales ante la Ley?

Foto: Congreso de los Diputados España /



[1] Dentro del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial
[2] Introducción al Derecho Penal. Esperanza Vaello Esquerdo.

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