ENFERMEDAD MENTAL vs VIOLENCIA

 
 
Ana Quevedo. Periodista de Sucesos y Tribunales. Licenciada en Criminología y profesora de Lengua/Literatura e Historia de las Civilizaciones


ENFERMEDAD MENTAL vs VIOLENCIA (V): centros penitenciarios[1]



España es uno de los países europeos con mayor número de reclusos en sus cárceles (67.913 reclusos, el 92% hombres: 62.738)[2] y el 25% de ellos (16.978) padece depresiones u otros problemas mentales, muchos de ellos provocados por el consumo de drogas. Según un informe elaborado por APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía), en febrero de 2007, el 8% de la población reclusa padecía una enfermedad mental grave y el 40% tenía trastornos mentales y de personalidad (aunque no fueran inimputables). Instituciones Penitenciarias, además, reconoce que hay más de 700 discapacitados psíquicos en la prisiones de todo el territorio.

Según científicos de las universidades de Oxford y Cambridge (Reino Unido), en un estudio realizado en 2003, concluyeron que varios millones de presos están afectados por trastornos mentales serios y se desconoce hasta qué punto son atendidos en las prisiones. En el estudio hallaron altas tasas de psicosis entre los reclusos, así como de depresión mayor y trastorno de personalidad antisocial, tanto en varones como en mujeres. De este modo, concluyeron que la enfermedad psicótica y la depresión mayor son entre dos y cuatro veces más frecuentes entre los presos que en la población general. La tasa de psicosis entre los presos se sitúa en el 4%, la de depresión mayor entre el 10 y el 12%.
¿A qué problemas se enfrentan los enfermos mentales en la prisión? “No participan en las actividades del centro. Se aparcan para que no den problemas”. Estas son las palabras de un director de una prisión andaluza en referencia a los presos enfermos mentales. Esta afirmación, recogida en el informe del Defensor del Pueblo Andaluz de 2007, podría trasladarse (desgraciadamente) a más de miembros de Instituciones Penitenciaras.

Para la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, las cárceles “se han convertido en nuevos almacenes de enfermos mentales desde que a principios de la década de los 80 fuesen desapareciendo los llamados manicomios”. Para esta asociación, la penalización de los enfermos mentales y su encarcelación es la única forma de asegurar la seguridad colectiva, por lo que cumple en la actualidad la labor de “limpieza social”.

En 1998, el Comité de Ministros del Consejo de Europa hablaba de un incremento de enfermos mentales en las prisiones. Apuntaba varias razones: una, por el cierre de los manicomios; y por otra parte, el aumento de población carente de recursos, además de encontrarse en situación de marginalidad. Este último grupo estaría compuesto por un gran número de personas con trastornos mentales (en especial psicosis crónicas) que de una manera u otra acaban con facilidad en prisión. Además, habría que sumar los trastornos mentales provocados por el consumo de sustancias tóxicas o por enfermedades como el SIDA.

Este tipo de presos requiere de un tratamiento psico-psiquiátrico y farmacológico en muchos casos incompatibles con la permanencia en un centro cerrado. Son enfermos sin acogida familiar ni medios económicos; muchos de ellos enfermos duales (enfermedad mental más drogodependencia) y sin relaciones con el exterior, reincidentes y sin seguimiento por parte de los servicios sanitarios comunitarios a su puesta en libertad. En la calle, muchos son indigentes y con formas de vida totalmente marginales.

Cuando están en la calle, tampoco siguen ningún tratamiento. Al salir de prisión no contactan con los equipos de salud mental (un elevado porcentaje viven en la calle); tampoco existe coordinación alguna entre los servicios médicos de las prisiones con los servicios de salud mental. En otros casos, según Pro Derechos Humanos de Andalucía, aún recibiendo asistencia mental, cuando el enfermo delinque y entra en prisión al no existir ninguna coordinación, éste ni es medicado ni los médicos de las prisiones se preocupan de conocer el historial del interno. De forma que si el preso tiene familia y ésta facilita la documentación, podrá ser asistido, pero en caso contrario podrá permanecer en la cárcel sin ser tratado mucho tiempo.

Si tampoco existe ninguna coordinación con los servicios sociales y no se trabaja el regreso a la sociedad y a la propia familia del enfermo mental cuando termina su condena penitenciaria, es obvio que muchos de ellos no disponen de apoyo familiar ni respaldo económico, van a retornar a un submundo marginal y de subsistencia en la calle, donde además de los problemas de adiciones, no siguen ningún tipo de tratamiento o medicación. Que se descompensen sus enfermedades y reincidan en la comisión de delitos y retornen a prisión es una consecuencia lógica de la total desasistencia. De hecho, el 50 % de los enfermos mentales delinque porque ha sufrido un brote psicótico, generalmente por no llevar un tratamiento adecuado.

¿Hay alternativas a la prisión? El Defensor del Pueblo andaluz preguntó (incluso llegó a afirmar) a los servicios médicos de las prisiones andaluzas que si existieran centros alternativos para la atención psiquiátrica se evitaría el ingreso en prisión de los enfermos mentales, y todos afirmaron que “estaban convencidos de ello”. Se evitarían la mayoría de los ingresos penitenciarios si existieran centros residenciales para enfermos mentales crónicos sin apoyo familiar y que viven en ambientes socialmente marginales. Para ello, sería necesario la creación de dispositivos socio-sanitarios para atenderles adecuadamente y evitar así el reingreso en la cárcel.



[1] En los post I y II de Enfermedad mental vs violencia (publicado el 15 de octubre) traté la relación entre la patología y el delito, así como las enfermedades mentales graves que están relacionadas con la violencia. En el post III y IV (22 octubre), expuse los tratamientos farmacológicos y la esquizofrenia. Esta semana continuamos con el serial y hablaré de los enfermos mentales y la prisión, así como su estigmatización
[2] Estadística oficial (a fecha de octubre 2013) de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio Interior, España.

ENFERMEDAD MENTAL vs VIOLENCIA: perfil y estigmatización (VI)

Convivir con enfermos mentales es, a veces, algo muy duro para sus familias, que suelen ser las propias víctimas de los delitos que éstos comenten. Son familias ya de por sí desestructuradas y con escasos recursos materiales y personales para afrontar el cuidado de un enfermo mental, además de escasa conciencia tanto de enfermedad como de habilidades positivas de cuidado. Después de innumerables sufrimientos, muchos de ellos ven las prisiones una liberación para un problema que desestabiliza a la familia y para que el que no encuentran ni apoyos válidos ni soluciones. Se podría afirmar que lo que más dificulta el trabajo desde el punto de vista de la reinserción es que muchos de ellos carecen de apoyo familiar. El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, en unas Jornadas de Coordinación entre Defensores del Pueblo, destacaba que “la escasa atención a los enfermos crónicos se encuentra directamente relacionada con el fracaso de la desinstitucionalización”.

A todo esto hay que sumar que más del 90% de los enfermos mentales no tiene trabajo, por lo que su reinserción en la sociedad es casi nula. Si para un preso corriente, la rehabilitación ya es costosa (muy pocos encuentran estabilidad laboral cuando han cumplido sus penas), para un exrecluso y enfermo mental es más que una utopía. Para la psicóloga Rosa Sánchez, experta en materia de enfermedad mental en personas indigentes, “el que cometan delitos no depende tanto de su enfermedad, sino de su situación de inadaptación social, y lo que más influye en la multirreincidencia es el fracaso de los intentos de rehabilitación”.

¿Cuál es el perfil de los enfermos mentales que están en la cárcel? Personas con un nivel sociocultural y laboral muy bajo; entre 25 y 45 años; sin recursos personales para sobrevivir en un duro ambiente carcelario, influenciables y con grandes dificultades para cumplir estrictas reglas. Son objeto de numerosos abusos por parte de otros internos y difícilmente entendidos por los funcionarios.

¿Existe un rechazo extremo debido a la estigmatización? Existe una conciencia social de peligro generalizada del enfermo mental, incluso un miedo a que tras cometer delitos no fueran a estar encerrados y aislados del resto de la población. A los enfermos mentales se les percibe como personas más peligrosas por la única razón de padecer una enfermedad mental. Pero las cifras desvirtuan esta estigmatización: cerca del 64% de los enfermos mentales que estaban presos en 2006 cumplían condena por delitos de robo; y el 11% por delitos contra la salud pública. Mientras que las infracciones más graves eran en proporción muy escasa.

Sin embargo, resulta paradójico que el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla albergara a 182 pacientes en 2006, mientras que en los centros penitenciarios ordinarios existen 1.120 presos que padecen enfermedades mentales graves y 5.600 trastornos mentales. Es decir, existen muchísimos más enfermos mentales en las prisiones ordinarias que en el hospital psiquiátrico, sin ser atendidos específicamente.

La masificación, el hastío y el aburrimiento provocado por el no acceso a actividades y el estrés que les provoca el encierro conducen a muchos de ellos a consumir drogas, lo que agrava igualmente sus patologías. Habida cuenta de que la drogodependencia en el medio penitenciario se da frecuentemente (reconocido hasta por la propia Instituciones Penitencias); existe un estudio de la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias (1996) que los sitúa en el 95% de los casos en personas de hasta 40 años, esta conducta representa un riesgo sanitario que conlleva la aparición secundaria de diversas patologías.

En el Centro Penitenciario de Zaragoza se realizó un estudio desde el año 2000 a 2005 sobre la atención primaria de la patología psiquiátrica en una prisión “tipo”. Especial interés tenía la alta tasa de patología dual que demandaba asistencia, resultando que el 67% de los internos que debieron derivarse al psiquiatra para su manejo y tratamiento, tenían asociado a su trastorno mental una adicción.

¿Están olvidados los enfermos mentales por la Justicia? Un alto porcentaje de presos enfermos mentales se encuentran en prisión sin que en sus sentencias condenatorias se estimase causa alguna de atenuación de la pena y, por tanto, sin diagnóstico alguno de la enfermad. Muchos son diagnosticados por primera vez cuando entran en prisión; y otros ni tan siquiera allí. El Defensor del Pueblo andaluz elaboró un informe sobre discapacitados intelectuales en el año 2000. Los resultados eran más que alarmantes: en el 62.19%, la sentencia no recogía la discapacidad psíquica del interno.

La próxima semana seguimos con el serial de ‘Enfermedad mental vs violencia’ y lo trataremos desde la perspectiva legal en el internamiento y el tratamiento de los medios de comunicació

No hay comentarios:

También te puede interesar