LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL: LOBYS Y PRENSA MEDIÁTICA


Ana Quevedo. Periodista de Sucesos y Tribunales. Licenciada en Criminología y profesora de Lengua/Literatura e Historia de las Civilizaciones
 LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL: LOBYS Y PRENSA MEDIÁTICA (I)

Debemos comenzar este breve análisis resaltando que en el sistema judicial en general más que un reforzamiento de la posición de la víctima es aún, hoy por hoy (y desgraciadamente) un 'no' reforzamiento. El Estado monopoliza el derecho de castigar, por lo que se produce el paso de un derecho penal privado a un derecho penal público. Incluso, aunque desde un concepto moderno/actual, el sistema punitivo se ha caracterizado por no dar respuesta a los intereses de las víctimas, además de comportar un perjuicio para éstas derivado de su paso por la Administración de Justicia. A esto último nos referimos a la 'victimización secundaria' que, además, agudiza los efectos del delito y profundiza en la estigmatización. Tampoco podemos obviar que el Derecho Penal está enfocado a razones preventivas, así como a la reinserción del ofensor.

Es cierto que algunos 'pasitos' se han dado en la tríada penal-procesal-asistencial, pero aún son insuficientes y en el caso español todavía más. Y en este punto, surge el interrogante de si el Derecho Penal debe dar prioridad al delincuente o a la víctima. Según Baca, Echeburúa y Tamarit “la inserción de los derechos de las víctimas en el ámbito de la justicia penal no puede articularse de forma disyuntiva a los derechos del delincuente o a los intereses generales, sino que los tres planos (víctima-delincuente-Estado) deben armonizarse y concebirse en términos complementarios”. [1]

Y entonces, el común de los mortales, las personas ajenas (por supuesto no expertas) al mundo jurídico se preguntan si los delincuentes tienen, en ocasiones, más derechos o están más protegidos que las propias víctimas. La respuesta la encontramos en el artículo 10 de la Constitución Española (de ahí la exigencia a las garantías del delincuente y a los principios de proporcionalidad, culpabilidad, humanidad, etc):

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Pero este planteamiento no sólo debe aplicarse a los delincuentes. La víctima también forma parte de las exigencias garantistas del Derecho Penal, ya que deben estar referidas a la protección de los Derechos Fundamentales y libertades del ciudadano, tanto ofensor como ofendido. De lo contrario, sería cierta la expresión social (y repetimos, muy común en nuestra sociedad) de que los “la Justicia está hecha para los delincuentes”, ya que el ordenamiento jurídico aplicaría mayor protección a los derechos del ofensor y no del ofendido.
                                                                                                                                                                                                                                 
Baca, Echeburúa y Tamarit hacen un análisis acertado sobre algunas políticas criminales que están enfocadas a la función recaudatoria del Estado. Es el caso de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (castigados en España con pena de prisión de 1 a 4 años), mientras que en muchas ocasiones, aunque la responsabilidad civil está regulada y derivada de cualquier tipo de delito, es aún mayor los casos en los que la víctima queda sin la expectativa reparatoria debido a la insolvencia (real o ficticia) del condenado. En el caso expuesto por los autores estaríamos ante un loby, dónde personas influyentes (el propio Estado) tiene 'poder' en favor de sus propios intereses.

Otro caso sería en los impagos hipotecarios. En el momento de que 'hipotecado' deja de pagar las cuotas correspondientes, el banco le embarga (esté casi o no pagada dicha hipoteca, no importa la cuantía que haya desembolsado) y el desahucio es casi inmediato. Mientras que un propietario de un piso arrendado, si su inquilino deja de hacer frente a las cuotas del alquiler (sea cual sea la razón, justificada a o no) los procesos son mucho más lentos. La víctima (propietario) tiene que hacerse cargo de los gastos jurídicos (contratar un abogado, ya que si dispone de varios bienes no le corresponde un letrado de oficio), además no recuperará los retrasos, ya que (lo más probable) el inquilino se declarará insolvente. En este caso, el desahucio no es tan inmediato y la victimización secundaria es más acentuada que en el primer caso expuesto ya que la responsabilidad pecunaria del infractor se queda en el olvido. Afortunadamente, con la presión social tras los graves problemas económicos que sufren miles de familias españolas debido a la crisis económica, las víctimas de los desahucios están un poco más protegidas aunque no lo suficiente. Aún queda mucho por hacer, lo primero una Ley Hipotecaria real y ciudadana, no enfocada a los lobys de poder (bancos).

Encontramos varias orientaciones teóricas pero resaltamos la Victim Impact Statements (vigiente en el ordenamiento estadounidense) en el que se permite a la víctima informar al juez sobre el daño físico, psíquico y económico sufrido a consecuencia del delito; incluso se le permite dar su opinión relativa a la sentencia a imponer. Se trata de una participación más directa, ya que los procesos judiciales españoles la víctima sólo responde a las preguntas de la Defensa y del Ministerio Fiscal, además del juez. No puede dar su opinión, explicar cómo está desde que le ocurrió el delito. El objetivo de este programa es la recuperación emocional de la víctima.

Pero tampoco podemos obviar el sentido de venganza (=instintos vengativos en el ser humano) que puede crearse. Ya que la pena puede servir, no sólo para expresar la solidaridad de la comunidad con la víctima, asimismo también de víctimas indirectas (familiares), sino también para exigir cambios en la jurisdicción que no estén acordes con los principios de los Derechos Fundamentales recogidos en la Carta Magna. Pongamos el ejemplo del caso Marta del Castillo, dónde la exigencia de un cambio promovido socialmente (en este caso, mediante firmas) pide una reforma penal para aplicar la cadena perpetua. Estaríamos ante lo que Prittwitz[2] denomina “derecho de la víctima a ver al delincuente castigado”. Unas medidas sociales (justas socialmente) pero 'peligrosas' para los entendidos de las leyes.

Les recordamos que la segunda parte del post se publicará a las 17.00 horas (México) y 00.00 horas (España). Se expondrá el papel de la prensa en el sistema de justicia penal

LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL: LOBYS Y PRENSA MEDIÁTICA (II)

Y ¿qué pasa cuando la víctima no quiere seguir o iniciar con un proceso judicial por temor a la victimización secundaria? Es cierto que en la televisión o en los periódicos vemos con asiduidad casos en los que la Justicia se convierte en  injusticia; de ahí el miedo y la escasa confianza en la legislación vigente. Lo idóneo sería lograr un escenario propicio para facilitar una colaboración activa de la víctima y así asegurar su victimización secundaria. Un ejemplo lo tenemos en la Audiencia Provincial de Alicante. En los casos de violencia de género, el fiscal puede acusar al presunto maltratador aunque la víctima no denuncie, incluso retire la denuncia. En muchos casos de violencia de género y doméstica, la víctima se convierte en ‘multi-víctima’: no sólo retira o no denuncia por el temor a represalias del agresor, también por todos los procesos judiciales a los que se tiene que enfrentar, ya que se crean víctimas indirectas (hijos y familiares directos) o convirtiéndose la propia víctima en 'víctima doble'.

Es cierto que hace sólo unos años era impensable que se reconociese indemnizaciones psicológicas a las víctimas, sólo eran admitidas las físicas. Pero, mientras los procesos de instrucción y durante el juicio oral y hasta que se dicta sentencia, ¿quien trata a la víctima? ¿quien paga la asistencia psicológica? Y con una sentencia a favor de la víctima, ¿quien la rehabilita? Existen las OVAD (Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito), que en el caso de Valencia implantadas desde hace un cuarto de siglo pero cuya función esencial de información y orientación se queda 'a medidas' para que la víctima.

Desde algunos estamentos judiciales la víctima tiene más relevancia. La Audiencia Provincial de Alicante tiene un programa específico para víctimas de violencia de género. Maltratadas y familiares (no hay que olvidar que el círculo cercano de una maltratada se convierte en víctima indirecta) asisten a charlas informativas y formativas (impartidas por psicólogos y criminólogos) para luchar y afrontar la lacra de la violencia machista; en definitiva, para no sentirse 'solas', además de víctimas.

En definitiva, las medidas victimológicas deben dejar de concebirse como una mera expresión de solidaridad social y pasar a ser entendidas como verdaderos derechos de las víctimas. Y tampoco podemos olvidar uno de los postulados de la LECrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal, España) en el que se señala que “en materia penal hay siempre dos intereses rivales y contrapuestos: el de la sociedad, que tiene el derecho de castigar y el del acusado, que tiene el derecho de defenderse”.

En cuánto a la prensa mediática, no podemos olvidar que los medios de comunicación son el cuarto poder, incluso el primer poder (véase el revuelo mundial que ha creado Wikileaks, aunque ese es otro tema que no nos incumbe aquí). Un ejemplo claro del poder que tiene la prensa (con el término prensa englobamos diarios de papel, medios digitales, radios, televisiones) lo encontramos en uno de los casos que más conmocionaron a toda la opinión pública, ya que en tan solo unos días el acusado pasó de ser verdugo a ser víctima. Tres años después, las consecuencias aún son terribles. Nos referimos al 'caso de Diego Pastrana', (fotografía que acompaña a este post) el joven tinerfeño (entonces, de 25 años) que en noviembre de 2009 fue acusado de unos presuntos malos tratos y abusos sexuales a la hija de su pareja de sólo 3 años y que murió tras ingresar en un hospital. El joven fue acusado y detenido tras certificarlo el médico que atendió a la menor. La opinión pública y algunos medios de comunicación tacharon a Diego de violador y asesino, se cebaron con este joven que desde el primer momento negó los hechos. La historia dio un giro con los resultados de la autopsia: la pequeña murió de un golpe sufrido en un parque infantil días antes. Han pasado más de tres años y este hombre sigue marcado por la sospecha, aunque no tiene nada pendiente ni con la policía ni con la justicia. Desde entonces está en tratamiento psicológico y psiquiátrico y su recuperación es lenta. A las secuelas psicológicas se añadieron las sociales: durante varios meses le resultó casi imposible encontrar trabajo.




[1] MANUAL DE VICTIMOLOGÍA, coordinadores: Enrique Baca Baldomero, Enrique Echeburúa Odriozola, Josep Mª Tamarit Sumalla
[2] Cornelius Prittwitz catedrático de Derecho Penal. Universidad Goethe de Frankfurt (Alemania)

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