LA PRUEBA PERICIAL DE ANTROPOLOGÍA FORENSE EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES


POR JUAN ANTONIO CARRERAS ESPALLARDO

I. LOS INFORMES PERICIALES Y SU VALORACIÓN POR LOS TRIBUNALES.
II. LOS INFORMES PERICIALES DE ANTROPOLOGÍA FORENSE.
III. LOS INFORMES DE ANTROPOLOGÍA FORENSE: SU TRASCENDENCIA E IMPORTANCIA EN ALGUNOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CELEBRES.
1. CASO LASA Y ZABALA.
2. CASO 11 M.
3. CASO “FAISÁN”.
IV. LAS INVESTIGACIONES DEL TPI YUGOSLAVIA.
INTRODUCCIÓN
EXHUMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RESTOS HUMANOS
PRINCIPIOS NORMATIVOS PARA LAS EXHUMACIONES

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I. LOS INFORMES PERICIALES Y SU VALORACION POR LOS TRIBUNALES.

El juez acordará el informe pericial cuando para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el procedimiento judicial, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos, o prácticos. Nuestra L.E.Crim.[1] regula los informes periciales en los artículos 456 y ss. En este texto legal se recoge que los peritos pueden ser de dos clases, titulares o no titulares, prefiriendo la ley a los primeros. Puede también encomendarse la pericia a instituciones oficiales cualificadas (Instituto Nacional de Toxicología; Gabinete Central de Identificación, Escuela de Medicina Legal, etc).
Respecto de los informes emitidos por organismos oficiales (Gabinete Central de Identificación, Instituto Nacional de Toxicología, etc.), tiene declarado el Tribunal Supremo que la capacitación y profesionalidad de sus miembros ofrecen garantías técnicas y de fiabilidad importantes, lo cual unido a la dificultad de su comparecencia en la vista oral para ratificarlos (debido a su escaso número y a que deben emitir informes para que surtan efectos en todo el territorio nacional), permite su consideración como prueba documentada, si con tal carácter se aportan a la causa y no se impugna su contenido por ninguna de las partes.

II. LOS INFORMES PERICIALES DE ANTROPOLOGÍA FORENSE.

La antropología forense[2] es la aplicación de la ciencia de la antropología física o biológica al proceso legal. Para Reverte (1999), la antropología forense tiene como fines principales el estudio de los restos óseos esqueléticos con objeto de llegar a la identificación personal, averiguar la causa de la muerte, data de la muerte, edad, sexo, raza, estudio de la cavidad bucal y todo cuanto sea posible para proporcionar información a los investigadores policiales para que puedan llegar a la identificación del sujeto. Además, la antropología forense estudia al sujeto vivo y sus características biotipológicas así como su posible relación con los hechos delictivos.

Es a partir de la II Guerra Mundial, cuando se instauran las reglas de trabajo de la antropología forense como ciencia que trata de establecer a partir del estudio de los restos óseos, todo cuanto sea posible para la identificación, establecimiento de la data, causa de la muerte y cualquier otra circunstancia que pueda tener relevancia en el ámbito judicial.

III. LOS INFORMES DE ANTROPOLOGÍA FORENSE: SU TRANSCENDENCIA E IMPORTANCIA EN ALGUNOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CELEBRES.

1.      CASO LASA Y ZABALA.

En este procedimiento judicial se investigaba el secuestro, torturas y asesinato de los presuntos miembros de ETA Lasa y Zabala, hechos por los que fueron condenados diversos miembros de la Guardia Civil y determinados responsables políticos que desempeñaron su actividad en el año 1983, fecha de la desaparición de los mencionados, cuando residían en el sur de Francia. Esta es una de las acciones criminales atribuidas al denominado “Gal verde” y que ha constituido uno de los ejemplos emblemáticos del llamado “terrorismo de Estado”, en el que la justicia pudo depurar responsabilidades penales, después de una compleja, ardua y difícil investigación y posterior juicio.

Los restos cadavéricos de Lasa y Zabala, después de darles muerte por medio de armas de fuego, fueron arrojados a una fosa, enterrados en cal viva atados y amordazados y con los ojos vendados, en Foya de Coves (Bussot-Alicante). Estos hechos ocurrieron con posterioridad a Octubre de 1983. El 20 de enero de 1985, un cazador, encontró restos humanos por el citado lugar; se procedió a la apertura de la fosa y se encontraron restos cadavéricos pertenecientes a dos personas. Los cadáveres no fueron identificados y quedaron depositados en el Cementerio Municipal de Alicante, hasta que en 1995 el funcionario del C.N.P.  11.219, JESÚS GARCÍA GARCÍA,  Jefe de Grupo de la Policía Judicial adscrita a los Juzgados de Alicante, ante las noticias aparecidas en la prensa del momento sobre las actuaciones de los G.A.L., la relación de personas desaparecidas que se les atribuían y los comentarios de personas procesadas en otros procesos respecto a utilización de cal, para hacer desaparecer cadáveres, empezó a sospechar que podía tratarse de los restos de JOSE ANTONIO LASA AROSTEGUI y de JOSE IGNACIO ZABALA ARTANO. Las gestiones iniciadas concluyeron con la identificación de los cadáveres.

De indudable valor fueron las pruebas periciales de antropología forense para determinar la causa y circunstancias de la muerte de Lasa y Zabala, así como para proceder a su identificación. Recogemos lo que nos dice la STAN en sus Fundamentos Jurídicos: “El informe de los peritos del Instituto Nacional de Toxicología lleva a estimar probado, a través del A.D.N., que los cadáveres sin ningún genero de dudas son los correspondientes a JOSE ANTONIO LASA AROSTEGUI, cadáver Nº 1, y a JOSE  IGNACIO ZABALA ARTANO, cadáver Nº 2, y también las causas de la muerte, que fueron, en el caso de JOSE ANTONIO LASA AROSTEGUI, un tiro en la nuca, y, en el de JOSE  IGNACIO ZABALA ARTANO, dos (aunque uno de ellos no fuera mortal).

2.      CASO 11 M.

El mayor atentado terrorista de la historia de España, cometido por una célula yihadista, el 11 de marzo de 2004 en Madrid, por medio de la colación de diversos artefactos explosivos en diferentes trenes de la capital, que provoco la muerte de 192 personas, más de 1.800 heridos y cuantiosos daños materiales.

Algunas controversias se generaron de forma polémica en relación a la autoria del atentado. Una vez mas las pruebas periciales de antropología forense ayudaron al Tribunal de la Audiencia Nacional a despejar algunas de las incógnitas que se plantearon por algunas de las partes sobre los terroristas inmolados en el piso de la C/ Martín Gaite de Leganés. Recogemos una parte de los Fundamentos Jurídicos de la sentencia[3]: Desde luego, hubo autopsia en sentido legal, se conoce la data y causa de la muerte, y no se aprecia infracción de norma jurídica alguna.

Es más, toda la argumentación de las defensas parte de otro error de principio: Que toda autopsia debe describir absolutamente todos los restos y sustancias que haya en el cadáver y que deben abrirse al menos las tres cavidades tradicionales, cabeza, tórax y abdomen. Esto no es cierto. Sólo se hará así en tanto que lo buscado y/o hallado tenga relevancia para determinar la causa de la muerte, su data y su etiología, consignándolo en el respectivo informe.

En el mismo sentido, sólo se procederá a la apertura de cavidades si estas están cerradas o si existen las partes respectivas del cuerpo. Así, por ejemplo, no se expresará si el individuo tenía alcohol en sangre o alimentos en su estómago, si era o no consumidor de drogas o si era o no fértil, etc., si no es relevante al caso; es decir, si esos datos son indiferentes para alcanzar el objetivo médicolegal: data, causa y etiología del fallecimiento, en primer término, y persona o personas responsables y demás circunstancias relevantes si la etiología no es suicida, en segundo término. Tampoco se abrirán las cavidades si estas están abiertas o si no es posible, ejemplo, por carecer de tronco o cabeza el resto cadavérico.

Etimológicamente la palabra autopsia -del griego autos, uno mismo, y ophis, vista- significa examen con los propios ojos, comprobación personal. Es sinónimo de necropsia (de necros, cadáver, y ophis, vista). Ambas palabras hacen referencia a las investigaciones que se realizan sobre el cadáver de un hombre o un animal para estudiar las causas directas o indirectas de su muerte. La autopsia clínica tiene por finalidad averiguar las alteraciones anatomopatológicas y bioquímicas que como consecuencia de una enfermedad sufrieron los tejidos para así aclarar o confirmar un diagnóstico o conocer la causa de la muerte, según los casos. La autopsia médico-legal o judicial pretende establecer el origen del fallecimiento y sus circunstancias. Busca conocer la etiología médico legal de la muerte -accidental, suicida u homicida- y su data. También las circunstancias que puedan contribuir a identificar al autor de la misma -ya sea el muerto o un tercero-, los medios o modos usados para producir el fallecimiento y cualesquiera otras circunstancias que puedan contribuir a esclarecer los hechos, todo ello para informar al juez en el marco de un proceso legal.

Esta distinción entre los dos tipos de autopsias y su finalidad es útil porque permite ver con claridad que a la justicia penal sólo le interesa la muerte si tiene un origen violento o sospechoso de criminalidad, pues las muertes naturales son extrañas al derecho penal.

Las autopsias judiciales están reguladas en España por la Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus artículos 343 -citado-, 349, 353, 459 y 785. Estos se refieren a la concesión por el juez de un término prudencial al médico-forense para que evalúe su informe, al lugar donde se ha de practicar la autopsia, al número de forenses que han de practicarlas y a las peculiaridades en el procedimiento abreviado, respectivamente. Nada relativo al modo, técnicas y procedimientos médicos a emplear para determinar la etiología de la muerte.

En suma, el Tribunal no encuentra defecto alguno con entidad anulatoria y, valorando según las reglas de la sana crítica dicha prueba pericial en relación con el resto de las practicadas, conforme se expondrá en el apartado correspondiente, estima que sus conclusiones son certeras.”

3.      CASO “FAISAN”.

En este procedimiento sobre el deleznable “chivatazo” por parte de presuntos miembros del Cuerpo Nacional de Policía., siguiendo instrucciones políticas, para abortar la operación dirigida por la Autoridad Judicial de la Audiencia Nacional contra diversos miembros de la organización terrorista ETA integrados en el grupo encargado de la extorsión a empresarios para el pago del denominado “impuesto revolucionario”, el titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5  por Auto 3-03-2011 acordó: ”La confección de un estudio Pericial Antropométrico, al objeto de determinar la correspondencia de identidad entre las imágenes indubitadas y las dubitadas del funcionario del C.N.P 58.071, comprendiendo en todo caso el cotejo de rasgos faciales, morfología corporal y elemento y estructura ósea, así como cuantos otros datos sean precisos para el objeto de la pericia….., y siendo encomendada la pericia a las siguientes instituciones: Sección de Antropología de la Unidad Central de Identificación de la Comisaría General de Policía Científica, dependiente de la Dirección Adjunta Operativa del C.N.P. ;Departamento de Identificación de la Sección de Criminalística Física, del Servicio de Criminalística, dependiente de la Jefatura de Información y Policía Judicial, de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil; y una tercera entidad perteneciente al ámbito de la Universidad Publica Española, con especialización en la materia, mediante el desarrollo de programas o sistemas que permitieran la identificación de personas basados en el estudio de imágenes digitales, siendo finalmente designado el ISE LAB (Research Lab on Image Sequence Evaluation),perteneciente al CVC (Centro de Vision por Computador),dependiente de la Universidad Autónoma de Barcelona(UAB).”

IV. LAS INVESTIGACIONES DEL TPI YUGOSLAVIA[4].

Introducción.
Al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia se le encomendó la tarea titánica de enjuiciar a los acusados de haber cometidos actos graves contrarios al derecho internacional humanitario en el territorio de la antigua Yugoslavia desde 1991. Poco después, en 1994, se creó otro tribunal ad hoc, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) cuya misión consistía procesar a aquellas personas acusadas de genocidio y de otras violaciones graves del derecho internacional humanitario en Rwanda.
Exhumación e identificación de restos humanos.
La Fiscalía del TPIY llevó a cabo numerosas exhumaciones en un esfuerzo por alcanzar varios objetivos: obtener pruebas de la identidad de las personas asesinadas durante el conflicto; determinar las circunstancias y las causas de las muertes; establecer relaciones entre las fosas comunes primarias y secundarias y descubrir los intentos por encubrir los delitos. Por ejemplo, en Kosovo los equipos al mando de la Fiscalía exhumaron alrededor de 2.000 cadáveres, lo cual supone alrededor del 50% del total de los 4.000 desenterrados en ese lugar en dos años. En algunos casos, los datos forenses desempeñaron un papel fundamental en el juicio, si bien otras exhumaciones no lograron aportar ninguna prueba significativa para los casos juzgados por el TPIY.
La exhumación de fosas comunes es una tarea compleja y costosa que implica a diversas disciplinas científicas y que requiere de la asistencia de expertos externos. El procedimiento más eficaz desde el punto de vista económico es que las lleven a cabo organismos externos con la presencia del personal del tribunal.
Principios normativos para las exhumaciones.
Ø                 Se deberá coordinar la organización de los recursos logísticos (por ejemplo, las mesas de autopsias, los equipos de radiografías y los sacos para cadáveres), de forma que lleguen antes o al mismo tiempo que los recursos humanos;
Ø                 Se deberá disponer de un equipo básico (por ejemplo, un contenedor fácil de transportar con los materiales necesarios) que permita trabajar sobre el terreno cuando se reciban avisos con poca antelación;
Ø                 Antes de iniciar el trabajo, el equipo deberá planificar la operación y determinar qué recursos necesitará;
Ø                 Deberán redactarse protocolos que recojan los procedimientos normalizados para las exhumaciones y las autopsias.
Ø                 Éstos deberán incluir los procedimientos de custodia, control y manejo para la obtención de pruebas;
Ø                 Es probable que los peritos (por ejemplo, los radiólogos) estén disponibles durante poco tiempo. La tarea de encontrarlos y organizar turnos será ardua y laboriosa. Lo ideal es que desde el comienzo se elabore un registro de peritos titulados y disponibles, así como un sistema de aviso que les permita llegar cuando se les llama con poca antelación;
Ø                 Deberán tomarse las medidas necesarias para retirar todas las minas y demás trampas explosivas de las zonas de exhumación. Los propios cadáveres pueden contener trampas explosivas, con lo que se deberá tener siempre un cuidado extremo;
Ø                 Lo ideal es que la identificación de restos humanos se realice mediante una combinación de métodos tradicionales y del estudio de muestras de ADN;
Ø                 Se utilizarán los cementerios ya existentes para conservar los restos mortales no identificados y para un almacenamiento temporal e higiénico de los cadáveres antes su examen;
Ø                 El equipamiento deberá ser el adecuado para la situación dada y cumplir con los requisitos mínimos. Los sacos y los ataúdes féretros deberán estar marcados con rotuladores indelebles. Los ataúdes de aglomerado pueden usarse en el depósito de cadáveres, pero se desharán si se emplean para transportar los cadáveres bajo la lluvia;
Ø                 Finalmente, los cadáveres deberán devolverse a la comunidad de la que proceden y ser entregados a sus familiares  para que los entierren según sus deseos;
Ø                 Los miembros del equipo, especialmente los ayudantes jóvenes y sin experiencia, deberán participar en sesiones en grupo para combatir el estrés postraumático.
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Artículo original de D. JESÚS SANTOS ALONSO. Magistrado de enlace de España con Italia.


[1] Ley de enjuiciamiento Criminal.
[2] Según la definición de la American Board of Forensic Anthropology.
[3] Sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de octubre 2007.
[4] Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia.

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